En Brasil, la tortura es continuismo del pasado autoritario

La secretaria especial de Derechos Humanos, Flávia Piovesan, dijo que, aunque la Constitución de 1988 prohíbe la tortura y Brasil ha ratificado convenciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que condenan este tipo de delito, la práctica aún persiste en el país. Ella subrayó la importancia de la creación del Mecanismo Nacional de Prevención y Combate de la Tortura, compuesto por 11 expertos que investigan lugares donde hay registro de la práctica y producen informes sobre los casos.

En el Día Internacional de Apoyo de las Víctimas de la Tortura, celebrado este lunes (26) por la ONU, la secretaria también subrayó la importancia de una política de reparación a las víctimas. “La tortura aún persiste en el escenario brasileño como un continuismo del pasado autoritario. Tenemos que fortalecer las políticas públicas de prevención, combate y erradicación”, dijo Piovesan, quien fue elegida la semana pasada como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Según Sérgio Suiama, fiscal del Ministerio Público Federal en Río de Janeiro, la Constitución brasileña es democrática, pero la práctica, profundizada en el período de la dictadura, “no fue extinguida” en gran parte a causa de la impunidad asegurada a los torturadores. Él recordó que, en 2010, el Estado brasileño fue condenado por la CIDH a investigar y responsabilizar criminalmente a los autores de violaciones de derechos humanos durante el período militar, como la desaparición de integrantes de la guerrilla del Araguaia, pero la sentencia no fue plenamente cumplida. Suiama, quien es integrante del grupo de trabajo Justicia en Transición,cree que falta una conciencia en el país para impedir el surgimiento de otros casos.

“En comisarías de policía, en sentencias provisionales, en cárceles, en la calle. La práctica de la tortura es un hecho notorio. Ya sea hoy o en el pasado, la falta de castigo en esos casos solo estimula a uno a seguir practicando”, añadió.

Isabel Lima, coordinadora del área institucional de Seguridad Pública en la ONG Justicia Global, recordó que los casos de tortura se dan no solo en espacios de privación de libertad, como presidios e instituciones socioeducativas, sino alcanzan también a ancianos en casas de reposo, pacientes de instituciones psiquiátricas, personas en situación de calle, la comunidad LGBT y las personas trans. “La tortura es estructural. No es algo específico, practicado por un determinado agente. Está entrañada en una práctica institucionalizada”, dijo la investigadora.

Traducción: Leonardo Vieira