Brasil, uno de los países más peligrosos para defensores de derechos
"Sufrí un intento de asesinato dentro de este territorio a principios de este año." Esta es la historia del líder indígena guaraní Tiago Henrique Karai Djekupe, de la Tierra Indígena Jaraguá.
Esta semana la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha celebrado su 75 aniversario y, en Brasil, el papel de los activistas y de los movimientos sociales es esencial para la realización de los derechos y garantías fundamentales. Pero ser defensor de los derechos humanos en Brasil significa asumir riesgos.
Una encuesta de las organizaciones Terra de Direitos y Justiça Global mostró que, entre 2019 y 2022, Brasil registró 1.171 casos de violencia contra defensores de derechos humanos, con 169 personas asesinadas. Esto sitúa al país entre los más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos.
"Hay gente que pasa por delante del pueblo y amenaza con un arma. Dice en la región que hay un precio por mi cabeza. Eso es lo que me viene dificultando... vivir de verdad", afirma emocionado Karai Djekupe, de 29 años, estudiante de arquitectura y urbanismo en la Escola da Cidade.
Karai Djekupe es portavoz de una historia ancestral. "Nací en este territorio, la Tierra Indígena Jaraguá. Nuestro territorio, que fue invadido en 1580 por Afonso Sardinha, traficante de esclavos angoleños y conocido como el asesino de los Carijós. Los carijós eran, como nos llamaban, los mbya guaraníes", explica. La historia es antigua y compleja, pero ayuda a comprender el contexto en el que la vida de Karai Djekupé corre peligro.
Historia de la TI Jaraguá
La Tierra Indígena Jaraguá formaba parte de un asentamiento del siglo XVII, llamado Baruerí, según un informe de 2013 de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), firmado por el antropólogo Spensy Pimentel. Después de siglos de colonización, muchos indígenas murieron y algunos adoptaron la cultura de los colonizadores. Otros se resistieron. En los años 60, la familia de Djekupé fue expulsada de otro asentamiento guaraní en el sur de Brasil. Sus abuelos viajaron a la fuerza a São Paulo, donde encontraron a guaraníes remanecientes de los baruerí en el pico Jaraguá.
El Jaraguá es un pequeño territorio conservado de la Mata Atlántica en el corazón de São Paulo. Fue demarcado en 1987 con apenas 1,7 hectáreas, la reserva indígena más pequeña de Brasil. En 2015, último año de gobierno de Dilma Rousseff, la tierra indígena se amplió a 532 hectáreas. En 2016, un decreto del entonces presidente Michel Temer volvió a reducir el territorio, esta vez a 3 hectáreas. Los indígenas recurrieron a los tribunales y una medida cautelar suspendió el decreto.
El texto de 2016, sin embargo, nunca llegó a revocarse, y el fantasma de la reducción del territorio sigue persiguiendo a los guaraníes de Jaraguá. La reserva indígena está rodeada de grandes autopistas, es un lugar estratégico para los servicios logísticos y codiciado por el mercado inmobiliario. Karai Djekupe aprendió pronto que los intereses económicos de los poderosos alimentan la disputa. Hay al menos 15 familias que reclaman la propiedad de partes de la Tierra Indígena de Jaraguá.
Luchar por los derechos
Karai Djekupe se ha sumado a la lista de defensores de los derechos humanos víctimas de la violencia en Brasil. La encuesta de Terra de Direitos y Justiça Global muestra que quienes luchan por el derecho a la tierra o defienden el medio ambiente, como los guaraníes de São Paulo, corren aún más peligro. De cada diez casos de agresión, ocho se referían a personas implicadas en conflictos por la tierra. Del total, 140 defensores fueron asesinados por defender sus territorios.
El activista indígena Bruno Pereira y el periodista Dom Phillips, asesinados por defender a las poblaciones ribereñas del valle del Javarí en 2022, están incluidos en esta estadística. Sin embargo, la encuesta aún no incluye la muerte de Maria Bernadete Pacífico, líder del Quilombo Pitanga dos Palmares, en Bahía, quien fue asesinada delante de sus nietos el 17 de agosto de 2023. No es casualidad que los indígenas y los quilombolas están entre las principales víctimas de la lucha por los derechos.
"Tal lucha está atravesada por una dicotomía, digámoslo así, que persiste desde nuestro pasado esclavista, que es una dicotomía entre quienes son ‘alguien’ y quienes son ‘nadie’", dice el psicoanalista Christian Dunker, profesor del Instituto de Psicología de la Universidad de São Paulo (USP).
Dunker cuestiona este escenario en el que los derechos están parcialmente garantizados, en una lógica excluyente. "Los que tienen un lugar donde vivir, tienen permiso de construcción, construyen según la ley, pagan impuestos, son reconocidos por el Estado, tienen acceso a la salud y a la educación. Y los que están en el universo de, digamos, la vida sin valor, que pueden ser asesinados impunemente, que no son ‘nadie’, que son ‘casi personas’. Lo decimos así porque es un régimen tácito de negación de los derechos humanos."
Fue con lágrimas en los ojos y la voz quebrada que Karai Djekupe dijo lo que significa ser una persona alcanzada por los derechos humanos. "Creo que es el derecho a vivir. No tener miedo de que alguien mate a mi hijo. No tener miedo de salir a la calle y que alguien me dispare. Simplemente querer defender mi forma de ser. Creo que es eso", declaró.
