logo Agência Brasil
Derechos Humanos

Condenan a Brasil por desaparición de 11 jóvenes de una favela en 1990

La decisión fue tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Bruno de Freitas Moura - Reportero de Agência Brasil
Publicado en 05/12/2024 - 15:40
Río de Janeiro
Rio de Janeiro 05/12/2024  A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) condenou o Estado brasileiro por responsabilidade no desaparecimento forçado de 11 jovens afrodescendentes na favela de Acari, no Rio de Janeiro, em 1990.  Reprodução/Coletivo Fala Akari
© Reprodução/Coletivo Fala Akari

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado brasileño por la desaparición forzada de 11 jóvenes residentes en la favela de Acari, ubicada en la zona norte de Río de Janeiro, en 1990. Este caso dio origen al grupo activista conocido como Mães de Acari. La sentencia fue emitida el miércoles 4 de diciembre en San José, Costa Rica, sede de la CIDH.

Este tribunal internacional, una institución judicial autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), tiene como mandato aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica. Brasil es uno de los 20 países que reconocen su jurisdicción.

El caso que motivó la condena se refiere a la desaparición, ocurrida el 26 de julio de 1990, de 11 habitantes de Acari que se encontraban en una finca en el municipio de Magé, en la región metropolitana de Río de Janeiro. Cerca de las 23 horas, un grupo de aproximadamente seis personas encapuchadas irrumpió en la casa de la abuela de una de las víctimas y secuestró a Wallace Souza do Nascimento, Hedio Nascimento, Luiz Henrique da Silva Euzébio, Viviane Rocha da Silva, Cristiane Leite de Souza, Moisés dos Santos Cruz, Edson de Souza Costa, Luiz Carlos Vasconcellos de Deus, Hoodson Silva de Oliveira, Rosana de Souza Santos y Antonio Carlos da Silva.

Los encapuchados, que se identificaron como policías, exigieron dinero. Posteriormente, se determinó que probablemente eran miembros de un grupo de exterminio conocido como los "Caballos Corredores", formado por agentes policiales y activo en la favela de Acari. Desde aquella noche, no se ha sabido nada sobre el paradero de los jóvenes. La CIDH destacó que todas las víctimas eran negras y que ocho de ellas eran adolescentes de entre 13 y 18 años. Hasta la fecha, la mayoría de las familias no ha logrado obtener los certificados de defunción correspondientes.

Sentencia

El tribunal señaló que una demanda presentada en Brasil fue desestimada el 10 de abril de 2011 debido a la falta de "soporte probatorio mínimo". Asimismo, una acción de indemnización por daños materiales y morales, promovida por algunos familiares contra el estado de Río de Janeiro, prescribió.

La sentencia también recordó el asesinato de Edméa da Silva Euzébio, madre de uno de los desaparecidos y líder de las Mães de Acari. Edméa fue asesinada en 1993 en el centro de Río de Janeiro, poco después de denunciar la participación de policías en las desapariciones. Una sobrina que la acompañaba también fue asesinada.

El movimiento de las Mães de Acari ganó notoriedad por su lucha en favor de avances en las investigaciones y la búsqueda de justicia por el caso. A pesar de las dificultades, el grupo continúa activo.

En abril de 2024, los policías acusados del crimen fueron absueltos por falta de pruebas.

La CIDH concluyó que el Estado brasileño era responsable de la "violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal", y que no llevó a cabo una investigación seria, objetiva y eficaz para esclarecer los hechos.

Reparaciones

La sentencia ordena al Estado brasileño implementar una serie de medidas, entre ellas: continuar con la investigación sobre la desaparición de las víctimas, llevar a cabo una búsqueda rigurosa de su paradero, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, crear un espacio de memoria en el barrio de Acari, ofrecer atención médica y psicológica adecuada a las familias, indemnizar económicamente a las víctimas y realizar un estudio sobre las actividades de las milicias y grupos de exterminio en Río de Janeiro.

Antes de llegar a la CIDH, el caso fue analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otro órgano de la OEA, que en 2006 emitió recomendaciones al Estado brasileño. Al no ser cumplidas, el caso fue llevado ante la CIDH, que inició su juicio en octubre de 2023.

La sentencia será entregada al ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Macaé Evaristo dos Santos, la próxima semana.