Agricultores retirados de tierra indígena piden ayuda al gobierno

Durante más de diez minutos, el agricultor João Machado se calló y emocionó a representantes del gobierno y a diputados de la Comisión de Agricultura de la Cámara. A la edad de 72 años, Machado es uno de los invasores retirados, en enero de 2013, de la tierra indígena Marãiwatsédé, en Mato Grosso, reconocida por la Justicia Federal como propiedad de los indios de la etnia Xavante.

"Es mi profesión. Es lo que aprendí y no sé hacer otra cosa. Estoy registrado como labrador”, dijo este martes (4) durante una audiencia pública para discutir las consecuencias, medidas y actitudes tomadas en el proceso de expropiación. El debate estuvo marcado por declaraciones de exresidentes y agricultores de la región.

Machado resaltó que los agricultores reconocen la importancia de la preservación y criticó que se considere la producción agrícola como villana en materia ambiental.

"Es un pueblo que ha enriquecido el país con la osadía de hacer un trabajo que hoy día es un delito. Decidieron llamarlo de agroindustria. Ustedes están viviendo hoy de un crimen. El crimen de trabajar, producir, adquirir. No sé como decirlo, pero vivimos en una época de inconsciencia, de irrespeto hacia el ser humano. Es una falta de respeto y consideración a esas vidas. Tengo 72 años, pero ¿qué pasará a los otros?", agregó Machado.

Otros productores recordaron que la desintrusión –medida legal por la cual se obliga a las poblaciones blancas a abandonar las tierras reconocidas como indígenas– afectó a pequeños, medianos y grandes terratenientes. Según ellos, muchos agricultores, a gran escala en aquella época, hoy dependen de las canastas básicas entregadas por el gobierno departamental. Otros, de menor condición económica, fueron seleccionados y trasladados a un asentamiento del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).

"Nos echaron bajo unas lonas, sin agua y energía”, protestó Renato Teodoro, expresidente de la Asociación de los Residentes y Productores de la Gleba Suiá Missu, que ocupaba la región desde los años 60. Según él, en aquel entonces, una comisión de residentes estuvo en Brasilia, junto a autoridades del Incra, para advertir sobre el problema que puede ocasionar la desintrusión. "Pero no ha habido ningún ajuste o providencia al respecto. Si algo sucedió, la culpa es de [la gente de] los derechos humanos”, afirmó.

Irene Maria Rocha dos Santos, vicealcaldesa de Alto Boa Vista (municipio al cual pertenecía la tierra indígena), resaltó la falta de condiciones del local. "Somos 1.500 familias y 5.000 personas. De esas, solo 12 se encuentran asentadas en el [proyecto de asentamiento] Casulo. Dijeron que las casas estarían listas hasta julio, pero hasta ahora nada se ha concretado. ¿Dónde están el asentamiento, las viviendas y la vida digna?”, cuestionó.

La vicealcaldesa citó el caso de una familia que se alimenta de desechos de un vertedero. "[La gente de] los derechos humanos nunca ha acudido a nosotros. Esas personas deberían hacerse más presentes para ver la realidad de cerca. De las 12 personas cuyas viviendas se han construido allí, una estaba en el basurero el otro día, recogiendo basura y comiendo cosas podridas”, apuntó.

Bruno Teixeira, defensor nacional de los Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, explicó que la defensoría siguió el proceso hasta el traslado de los residentes hacia el asentamiento. Según él, no hay informaciones sobre la situación actual.

"Si las cosas no han avanzado suficientemente, le corresponde al gobierno seguir vigilando y dialogando con ustedes, porque el papel de la defensoría es recabar información y buscar soluciones. Este caso nunca fue minimizado. Asignamos a un servidor para acompañar la discusión. Seguiremos acompañándola”, aseguró. Según Teixeira, una Comisión visitará el asentamiento para hacer un nuevo diagnóstico de la situación.

El diputado Nilson Leitão explicó que la “idea es asumir la responsabilidad de construir un nuevo futuro, puesto que ya no se puede cambiar lo que pasó". Leitão dijo que no adoptó un discurso de oposición, pero que el gobierno no asumió una postura clara con relación al problema. "Propondré a la Cámara crear un grupo de trabajo. Eso lo sugerimos al gobierno y no tuvimos éxito. Vamos a reunir a los diputados y senadores y tratar de construir un nuevo futuro”, concluyó.

El fiscal federal Paulo Alex Meneses Mendes, coordinador general sustituto de Sostenibilidad del Ministerio de Agricultura, señaló que el proceso sobre la situación de exresidentes y productores de la región está tramitando en la Justicia. "Para el ministerio, esa es una sorpresa muy desagradable. Es siempre complicado y difícil enfrentarse a una situación como esta. Hay algo errado en eso”, consideró Mendes. Él informó que el ministerio tendrá representantes en el grupo de trabajo del Legislativo.

Richard Torsiano, director de Planificación de Estructura Agraria del Incra, explicó que el órgano enfrenta problemas en cuanto a la gestión territorial, sobre todo debido a la dificultad en adquirir tierras. Reconoció que lo ideal sería que se realizara la desintrusión de tierras solo cuando el asentamiento estuviera listo.

Criticado por exresidentes y productores, quienes lo acusaron de "engañar a la gente" al afirmar que el Incra hace lo que es de su competencia y lo que está dentro de sus limitaciones legales y financieras, el director prometió solicitar informaciones acerca de los recursos que la superintendencia del órgano afirma que están siendo liberados.

"En concreto, lo que nos presenta la superintendencia es la celebración de un convenio que permite transferir US$ 116 mil para enfrentar el tema". Según él, ya se han liberado US$ 114 mil en créditos de US$ 1.240 por familia. "Tenemos que evaluar qué es que se considera como liberado. Tendremos una respuesta concreta y la llevaremos a ustedes". Otro compromiso será buscar informaciones sobre el dinero operado por el Programa Minha Casa, Minha Vida Rural (“Mi Casa, Mi Vida Rural”) para la construcción de las viviendas. "Nos informaron que los recursos están disponibles en la agencia del Banco do Brasil de São Félix do Araguaia. Vamos a confirmar esa información”, afirmó el director.

Traducción: Lucas Magdiel