Informe revela muerte y violación de derechos de los indígenas
El año pasado, 110 indígenas fueron asesinados en el país, según informaciones de la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai), subordinada al Ministerio de Salud. Los casos fueron incluidos en el informe Violencia contra los Pueblos Indígenas - 2017, lanzado el jueves (27) por el Consejo Indigenista Misionero (Cimi). Los estados con mayores índices fueron Roraima (33), Amazonas (28) y Mato Grosso do Sul (17).
El informe del Cimi divide las violaciones cometidas contra indígenas en tres grupos: violencia contra el patrimonio, violencia contra la persona y violencia por omisión del poder público.
En líneas generales, el documento trae relatos de agresiones cometidas contra los indígenas y muestra que hubo caída en el número de casos de tan solo 2 de los 19 tipos de violencia relacionados por el Cimi. Respecto a los homicidios, hubo mejoría en la comparación con 2016, cuando 110 indígenas fueron muertos. Otro indicador positivo fue el relacionado con la mortalidad infantil. En 2016, se registraron 735 muertes de niños indígenas menores de 5 años, mientras que el año pasado se calcularon 702.
Sin embargo, la antropóloga Lucia Helena Rangel, asesora del Cimi y coautora del informe, afirma que la caída de los dos índices no es necesariamente motivo de conmemoración, ya que "todas las vidas importan". Lucia Helena recuerda también los índices de suicidio, que, entre indígenas, son superiores a los observados en cualquier otro grupo poblacional.
Violación de derechos
Según el coordinador de la Regional Cimi Sul, Roberto Liebgott, además de no atender a las demandas de los indígenas, decisiones del gobierno federal “propiciaron violación de los derechos básicos” de esos pueblos. Como ejemplo, Liebgott citó la tesis del marco temporal, por la cual los pueblos tendrán derecho solamente a las áreas que ya estaban bajo su posesión el 5 de octubre de 1988, cuando la actual Constitución Federal fue promulgada. Para el misionero, la decisión inviabiliza acciones demarcatorias y viene impidiendo la protección y fiscalización de áreas ya demarcadas.
“Junto a eso, en un análisis más amplio, percibimos que en 2017 el gobierno federal distribuyó cargos de los entes que ejecutan las políticas relativas a los pueblos indígenas. Dentro de la Funai, puso a gente vinculada a sectores del ruralismo”, afirmó Liebgott. Funai es la Fundación Nacional Indígena, órgano federal que trata de los intereses indígenas dentro del gobierno.
