Redes criminales actúan deforestando la Amazonia, dice una ONG
Un informe publicado el martes (17) por la organización no gubernamental Humans Rights Watch (HRW) afirma que grupos deforestan la Amazonia y practican amenazas y asesinatos para invadir tierras de comunidades tradicionales. Según el investigador César Muñoz, las organizaciones realizan diversas actividades ilegales y tienen conexiones, formando redes criminales.
“Estas redes tienen mucha gente, actuando en diversas funciones ilegales. Entonces hay un grupo que hace tala ilegal, otro que se especializa en falsificación de documentos para tomar posesión ilegal de tierras y otro que regulariza ilegalmente la madera”, dijo Muñoz.
El informe se basó en dos años de investigación, con visitas a tres estados y 170 entrevistas con residentes de la región y agentes públicos. “Viajamos a través de varios estados amazónicos y documentamos patrones de violaciones de derechos en al menos 12 comunidades”, dijo Muñoz.
Falta de investigación
Según el informe, uno de los principales factores que permiten que las redes criminales actúen en la región es la falta de investigación respecto a las muertes y amenazas. De los más de 300 asesinatos vinculados a conflictos de tierras registrados en la región por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) desde 2009, tan solo 14 han sido juzgados. Para preparar el documento, HRW analizó a fondo 28 casos que ocurrieron después de 2015.
De acuerdo con Muñoz, no hay datos del gobierno sobre la violencia relacionada con disputas de tierras en la región. “Los casos de violencia y amenazas están en muchos lugares de la Amazonia. Y este es uno de los problemas: ninguna autoridad federal o de los estados compila los casos”, enfatizó el investigador.
La falta de responsabilización por los delitos comienza, dice Muñoz, con la forma en que se llevan a cabo las investigaciones. Según el investigador, en varios casos los comisarios de policía admitieron que ni siquiera hubo una autopsia de los cuerpos de las personas asesinadas en estos crímenes. “Reconocen los problemas y dicen que los crímenes ocurren muy lejos", dijo sobre la mala calidad de las investigaciones.
La situación solo cambia cuando los crímenes tienen repercusiones más allá de la región, lo que aumenta la presión sobre las autoridades. “Tenemos casos en los que hubo enjuiciamiento penal del Minisperio Público porque se llevó a cabo una investigación policial, debido a la repercusión nacional. Esto muestra que es posible hacerlo”, dijo.
Acción unificada
Una de las recomendaciones del informe es que el gobierno federal supervise directamente la violencia contra los agricultores y las comunidades tradicionales en la Amazonia. El documento señala la necesidad de que las autoridades federales registren los casos de violencia relacionados con disputas de tierras e identifiquen patrones de violación de los derechos de las personas que viven en estas áreas.
La coordinadora de la Asociación de Mujeres Indígenas de Maranhão, Maria Helena Gavião, dijo que se siente impotente ante las amenazas y agresiones contra su comunidad. “La gente ya no se siente intimidada, entra directamente al territorio, día y noche”, dijo sobre los grupos que realizan deforestación ilegal en tierras indígenas. “Las autoridades no se preocupan por los pueblos indígenas”, se quejó.
El informe señala a los indios como un factor de protección del bosque. En las tierras indígenas, la deforestación es a menudo incluso mucho más baja que en las áreas de protección ambiental, debido a los esfuerzos realizados por las comunidades. Esa es precisamente la razón por la cual, según el documento, estas personas son amenazadas y asesinadas.
“Las víctimas recibieron amenazas antes de ser atacadas y asesinadas. Si las autoridades hubieran llevado las denuncias a serio e investigado, estas personas podrían estar vivas”, dijo el director de HRW, Daniel Wilkinson.
Operación Brasil Verde
En agosto, tras el aumento de los incendios forestales en la región amazónica, el gobierno federal dio inicio a la Operación Brasil Verde y llevó a 7 mil hombres de las Fuerzas Armadas a la floresta. Desde que comenzó la acción, el 24 de agosto pasado, los militares han combatido más de 400 brotes de incendios, han incautado unos 17 mil metros cúbicos de madera e impuesto multas por un total de aproximadamente US$ 5,5 millones.
Se han incautado camiones, tractores, vagones, motocicletas, motosierras y embarcaciones utilizadas para la deforestación ilegal y la minería clandestina. Fueron cerradas cuatro madereras dentro de las tierras indígenas del Alto Turiaçu, destruidos diez campamentos y ocho puentes clandestinos.
