Se reactiva el Sistema Nacional de Prevención y Combate a la Tortura
Práctica sistemática de tortura física y psicológica hacia los presos; hambre; condiciones insalubres; impedimento de visitas sociales; humillación de familiares de personas privadas de libertad, especialmente mujeres; falta de acceso a actividades educativas; muerte de detenidos y menores aprehendidos; plazos excesivos de detención provisional; celdas tipo contenedor; traslado de detenidos a distritos alejados de su entorno social y familiar.
Estas fueron algunas de las violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario brasileño denunciadas durante la reunión que reactivó el Sistema Nacional de Prevención y Combate a la Tortura. El encuentro fue coordinado por el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía el viernes 23, en Brasilia.
El ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, dijo que las situaciones denunciadas no lo sorprendieron, sino que lo conmocionaron porque se trata de una falta de respeto humanitario y de legalidad. "No hay ninguna ley en Brasil que permita que ocurran cosas así". El ministro señala la responsabilidad del Estado brasileño: "una persona dentro del sistema penitenciario está bajo la custodia del Estado, por lo que tiene que ser tratada con dignidad. Por mucho que haya cometido un delito, tiene que ser tratada conforme a la ley. Por lo tanto, dejar que una persona muera de hambre, extender la pena a los miembros de la familia, esto es contrario a la ley, va en contra de las convenciones internacionales de las que Brasil es signatario", dijo Silvio Almeida.
El ministro recordó que la atención a la política penitenciaria fue recomendada por el propio presidente Lula y dijo que los temas fundamentales son la represión a las diversas formas de tortura, el des-encarcelamiento dentro de la ley y mejores condiciones de trabajo para los profesionales del sistema penitenciario.
Metas
Durante el encuentro se establecieron cuatro metas para orientar las reuniones del grupo y superar los problemas nacionales: discusión de una metodología para protocolos y formularios de inspección en las prisiones; reducción del cupo carcelario, a través, por ejemplo, de la conmutación de pena (sustitución de una pena más severa por una más leve) y de la concesión de indulto; estímulo a la realización de esfuerzos conjuntos multidisciplinarios; realización de censo de la población privada de libertad y diagnóstico de los datos.
El juez Tiago Sulzbach, del Consejo Nacional de Justicia, dijo que desde 2008 la institución realiza fuerzas de tarea para garantizar y promover los derechos fundamentales en el ámbito penitenciario, en alianza con el gobierno federal, y que las audiencias de custodia, que se realizan 24 horas después de la detención en flagrancia, están contribuyendo a reducir la población carcelaria. "Sin duda, la implementación y universalización de las audiencias de custodia en el poder judicial han contribuido a este camino."
Carolina Castro, Defensora Pública Federal, destacó que la reactivación del Sistema Nacional de Prevención y Combate a la Tortura es la refundación del Estado de Derecho en el país. Mencionó que los internos no quieren privilegios. “Sólo [queremos] que se cumpla la Ley de Ejecución Penal, la agenda legalista.”
