Senado brasileño divulga informe sobre asesinatos en Amazonia
Una comisión senatorial creada para investigar las muertes del indigenista Bruno Araujo Pereira y del periodista británico Dom Phillips, concluyó el martes (16) su informe en el que afirma que hay elementos objetivos que apoyan la hipótesis de que los asesinatos estuvieron motivados por algo más que una "rencilla personal".
El senador Nelsinho Trad, autor del informe, resaltó el hecho de que las pesquisas no pudieron identificar a los responsables de los asesinatos. "Resulta al menos plausible que haya habido una coordinación y un cerebro en este doble asesinato cometido por varias personas, con la quema, mutilación y ocultación de los cadáveres en lugares de difícil acceso, así como el hundimiento de la embarcación de las víctimas y el intento de ocultar sus pertenencias en las aguas de un pantano".
De acuerdo con el relator, a lo largo de las reuniones, que incluyeron una expedición externa en Atalaia do Norte y Tabatinga, en el estado de Amazonas, diversas declaraciones ayudaron a dibujar un panorama de la violencia en las tierras indígenas, incluyendo Vale do Javari, el territorio indígena donde tuvo lugar el crimen.
"El territorio indígena tiene más de 8,5 millones de hectáreas y alberga al menos 26 pueblos no contactados. Limita con regiones productoras de cocaína. Estas circunstancias hacen que la región esté en el punto de mira de narcotraficantes, madereros, mineros, cazadores y pescadores ilegales", dice el texto.
Se cree, por lo tanto, que los asesinatos son el resultado de la falta de protección de las víctimas frente a un esquema organizado de pesca ilegal en el Valle de Javari, y que también pueden tener vínculos con actividades como el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero.
Propuestas
Entregado antes del plazo de 60 días fijado para el funcionamiento de la comisión, el informe incluye tres sugerencias de cambios en la legislación actual: la primera, conceder permisos de armas de fuego a los miembros de la autoridad indígena brasileña FUNAI en actividades de inspección. La segunda pide que se permita a las Fuerzas Armadas actuar en la prevención y represión de los delitos contra los derechos de las comunidades indígenas y sus miembros. La última propuesta es el aumento de las penas para las violaciones cometidas en tierras indígenas.
El informe será enviado al titular del Senado, al Tribunal Federal de Cuentas y al Ministerio Público Federal. Al tribunal se le exige que "aclare las discrepancias entre la información proporcionada por la FUNAI y el resultado observado", y a los fiscales se les pide que investiguen la posible omisión institucional por parte de la FUNAI a la hora de atender las demandas de los indígenas sobre las invasiones en Vale do Javari.
