Justicia reconoce derecho histórico de indígenas a tierras ocupadas
Por 9 votos contra 2, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) declaró inconstitucional la tesis del marco temporal para la demarcación de las tierras indígenas. La decisión fue tomada el jueves (21), después de la undécima sesión para juzgar el caso.
La tesis defendida por los terratenientes implicaba que los indígenas solo tendrían derecho a tierras que estuvieran en su posesión el 5 de octubre de 1988, fecha de la promulgación de la actual Constitución Federal, o que estuvieran en disputa legal en ese momento.
El último voto de la sesión fue emitido por la presidenta del tribunal, la magistrada Rosa Weber.
Según la jueza, la Constitución garantiza que las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas sean habitadas de forma permanente y formen parte de su patrimonio cultural, y que no haya limitación temporal.
"Desestimo la tesis del marco temporal, siguiendo íntegramente el voto del juez Fachin [relator], reafirmando que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos apunta a la posesión tradicional como factor de reconocimiento del derecho de los indígenas a sus tierras", dijo.
El resultado de la sentencia se alcanzó con los jueces Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Luiz Fux y Gilmar Mendes. Nunes Marques y André Mendonça se pronunciaron a favor del marco temporal.
El miércoles (27), en la próxima sesión de deliberaciones, los magistrados definirán otras cuestiones sobre este tema.
Entre los puntos a debatir está la posibilidad de indemnizar a los particulares que adquirieron tierras de "buena fe". Según el entendimiento, la indemnización por mejoras y tierra descubierta se aplicaría a los propietarios que recibieron títulos del gobierno por tierras que deben ser consideradas áreas indígenas.
El caso que suscitó el debate trata de la disputa sobre la propiedad de la Tierra Indígena Ibirama (TI), en Santa Catarina. La zona está habitada por los pueblos xokleng, kaingang y guaraní, y la propiedad de parte de la tierra está siendo cuestionada por la fiscalía estatal.
