Operación Zelotes también investiga la compra de medidas provisionales
Las investigaciones de la Operación Zelotes se iniciaron el 26 de marzo de este año 
La Policía Federal investiga una supuesta negociación para la publicación de tres medidas provisionales (MP) que beneficiaron a empresas involucradas en la Operación Zelotes, cuya nueva etapa estalló el lunes (26). La información se encuentra en las decisiones de la juez Célia Regina Bernardes, quien autorizó las detenciones, buscas e incautaciones ayer.
La publicación de medidas provisionales es una prerrogativa del Ejecutivo. Ellas tienen fuerza de ley, lo que significa que entran en vigor luego de la firma del presidente de la República. Sin embargo, necesitan la aprobación del parlamento, donde tienen rito y plazo propios de tramitación. Si son modificadas, se convierten en proyectos de ley y, de aprobadas, son sancionadas por el presidente.
Las investigaciones de la Operación Zelotes se iniciaron el 26 de marzo de este año y esta nueva fase indica que un consorcio de empresas, además de promover la manipulación de procesos y juicios dentro del Consejo Administrativo de Apelaciones Fiscales (CARF, por sus siglas en portugués), también negociaba incentivos fiscales en favor de empresas del sector de la automoción. La Policía Federal estima que se han desviado más de US$ 4,9 mil millones.
“Las pruebas indican probable ocurrencia de tráfico de influencia, extorsión e incluso corrupción de funcionarios públicos para que se elaborara y aprobara una legislación beneficiosa a dichas empresas”, dijo el comunicado de la Policía Federal. Los crímenes investigados incluyen tráfico de influencia, cohecho, soborno, conspiración, organización criminal y lavado de dinero.
Medidas bajo encomienda
La Fiscalía Federal, autora de la investigación, informa que las empresas MMC Automotores, representante de Mitsubishi en Brasil, y CAOA Montadora de Veículos, importadora de la marca Hyundai, se habrían unido a dos empresas de consultoría y pagado sobornos para que fuera publicada la Medida Provisional 471/2009, convertida en la Ley 12.218 / 2010, en beneficio de los involucrados.
La supuesta negociación también abarcaría la MP 512/2010, convertida en ley en 2011, y la MP 627/2013, convertida en ley en 2014. Las medidas otorgaban incentivos fiscales a la industria automotriz.
Según la juez Célia Regina, el estado actual de las investigaciones muestra que las empresas actuaron para anular créditos fiscales en el CARF y comprar legislación para beneficiar a grupos privados. “Estamos delante de indicios vehementes de compra de legislación, específicamente de una práctica criminal que llevó a los involucrados a lograr éxito en la edición de más una medida provisional bajo encomienda. Esta vez, no para obtener algún tipo de incentivo o beneficio directo del gobierno, sino con el sórdido objetivo específico", dijo la juez.
Respuestas de las empresas
Las acciones desencadenadas por la nueva fase de la Operación Zelotes implican la LFT Marketing Esportivo y la Touchdown Promoção de Eventos Esportivos Ltda, que tiene como socio Luis Claudio Lula da Silva, hijo del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El abogado de las empresas, Cristiano Zanin Martins, dijo el lunes (26), a través de un comunicado, que la acción de busca e incautación realizada por la Policía Federal no se justificaba una vez que la empresa Touchdown no tiene ninguna relación con el objeto de investigación de la Operación Zelotes. Según el abogado, “Touchdown organiza el campeonato brasileño de fútbol americano, actividad lícita y fuera del ámbito de la operación”.
En el caso de LFT Marketing Esportivo, la nota dice que la compañía ha sido erróneamente asociada con la publicación de la Medida Provisional 471 y que la simple observación de la fecha de creación de la empresa es suficiente para excluirla de cualquier implicación con las sospechas planteadas. “La mencionada MP fue publicada en 2009 y la LFT se constituyó en 2011, dos años más tarde”, afirma el comunicado.
La MP 471 asigna incentivos fiscales a fabricantes y ensambladoras de vehículos instaladas en las regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste del país.
También por medio de un comunicado, la compañía Caoa dijo que nunca contrató a cualquier persona física o jurídica para pagar ningún importe con el objetivo de aprobar medidas provisionales. La empresa también dijo que nunca se vio favorecida por las decisiones del CARF, ya que perdió los dos recursos interpuestos en el Consejo.
La compañía MMC afirmó que colabora con las investigaciones, ya que tiene interés en aclarar los hechos.
Traducción: Leonardo Vieira
Fonte: Operación Zelotes también investiga la compra de medidas provisionales
