Acoger impeachment por “capricho” es golpe parlamentario, dice jurista
Los juristas que se reunieron este lunes (7) con la presidenta Dilma Rousseff para presentar pareceres y un manifiesto contra el proceso de impeachment,
Los juristas que se reunieron este lunes (7) con la presidenta Dilma Rousseff para presentar pareceres y un manifiesto contra el proceso de impeachment afirmaron que no hay base jurídica para que el proceso se lleve adelante. De acuerdo con los abogados, una de las “graves irregularidades” en la solicitud es el hecho de que los parlamentarios todavía no han juzgado las cuentas presidenciales.
Para el profesor Luiz Moreira Gomes Júnior, consejero nacional de la Fiscalía, “está muy claro para la comunidad jurídica brasileña” que la petición carece de fundamento constitucional. Moreira dijo que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB), quien acogió la solicitud de apertura del proceso, no tiene “credibilidad” o “idoneidad” para presentarse como protagonista del proceso.
Para Moreira, la situación actual puede considerarse un “golpe parlamentario”. “La sociedad y los ciudadanos tienen que entender que el mandato de una presidenta como Dilma [Rousseff] no puede ser cuestionado por alguien responde a varios procesos ante la Corte Suprema”, dijo Moreira, quien es doctor en Derecho. Al conceder una entrevista a periodistas tras reunirse con la mandataria, el jurista también hizo referencia al hecho de que el proceso de juicio político se haya iniciado después de que el Partido de los Trabajadores (PT) anunciara que votaría contra Cunha en el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados.
“Estamos discutiendo un capricho de una autoridad de la República, que por haber sido contrariado por el partido de la presidenta, decidió acoger la solicitud [de apertura del proceso de impeachment] y someter todas las instituciones de la República y de la sociedad civil a su capricho”, afirmó.
En un documento, los expertos en Derecho declaran su apoyo a la continuidad del gobierno hasta el 2018, condenan “rupturas autoritarias” y afirman que no existe ningún “fundamento jurídico” para el impeachment. Según una copia del manifiesto distribuido por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, más de 70 juristas han firmado el texto.
De acuerdo con la abogada y doctora en Ciencias Políticas Rosa Cardoso, el proceso del impeachment implica la práctica de un delito. Rosa Cárdenas cree que no fue posible encontrar justa causa ni tipicidad delictiva en el proceso. “Un hecho solo puede atribuirse a alguien si hay justa causa desde el punto de vista criminal. Eso es materialidad criminal, que no es lo mismo que haber hecho cualquier cosa. Materialidad criminal es algo que se considera un crimen”, explicó.
Para Juárez Tavares, subfiscal de la República jubilado, entre los crímenes de responsabilidad están “infracciones graves que atenten contra la Constitución Federal. “No se incluyen entre los crímenes infracciones menores, ni irregularidades administrativas que puedan ocurrir durante el mandato presidencial”, dijo.
Durante la entrevista concedida a periodistas, algunos de los firmantes de los pareceres afirmaron que promueven la defensa del mandato de la presidenta Dilma Rousseff “independientemente de sesgos partidistas” y que no están hablando en nombre del gobierno, sino como estudiosos del tema.
Al expresarse, el profesor Francisco Queiroz Chandra, profesor de la Universidad Federal de Pernambuco, se atuvo al mérito de los argumentos utilizados por los autores de la petición. Según Cavalcanti, no se puede responsabilizar Rousseff por “pequeños retrasos” del Tesoro Nacional en la financiación de bancos como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), Caixa Econômica Federal y Banco do Brasil.
Chandra sostiene que el país está pasando por un marco económico “absolutamente desfavorable” y que fue necesario tomar “medidas de fomento”. ¿De qué se apropió la presidenta? De Nada. ¿Qué hizo ella? ¿De qué tenía conocimiento? Lo que se está intentando hacer es imputarle delitos a la presidenta. Sería mejor posponer algunos pagos de Caixa que dejar tanta gente sin recursos”, dijo, refiriéndose al pago del programa de transferencia de ingresos Bolsa Familia.
Ya para el doctor en Derecho Marcelo Labanca, puesto que no hubo ningún acto personal directo de la presidenta, no pudo haber cometido el supuesto crimen de responsabilidad. Labanca resaltó que en este caso lo que se debe analizar es si hubo intención de defraudar, y no solo la ocurrencia de “cualquier ilícito”. “Crimen exige defraudación, intención de deshonestidad. No se encontró ningún acto que llevara la presidenta a perder su mandato. El Derecho está siendo manejado con fines políticos”, dijo.
Traducción: Lucas Magdiel
Fonte: Acoger impeachment por “capricho” es golpe parlamentario, dice jurista
