Tras un mes, las consecuencias del 8 de enero aún lejos de terminar
El ataque de vándalos y golpistas a las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en Brasilia, cumple hoy un mes. Sin embargo, el desarrollo de los disturbios del 8 de enero parece lejos de haber terminado: continúan las detenciones y aumentan las peticiones de bloqueo de bienes de los implicados.
La Policía Federal realizó ayer (7) la quinta fase de la llamada Operación Lesa Pátria, que desde el pasado día 20 busca identificar a quienes participaron, financiaron o incentivaron la invasión y depredación del Palacio do Planalto, del Congreso Nacional y del Supremo Tribunal Federal.
Con la autorización de la Corte Suprema, al menos 20 personas ya han sido detenidas por la operación. Son sospechosos de participar en los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho; intento de golpe de Estado; daños cualificados; asociación delictiva; incitación al delito, destrucción, deterioro o destrucción de bienes protegidos. Se estima, por ejemplo, que los daños en la Cámara de Diputados alcanzan los R$ 3,3 millones.
Además de las prisiones realizadas por la operación, otras 920 personas que participaron en el campamento instalado durante casi dos meses frente al cuartel general del Ejército en Brasilia permanecen detenidas en dos unidades penitenciarias del Distrito Federal. Según la Secretaría de Administración Penitenciaria, son 614 hombres y 306 mujeres. Otros 459 sospechosos fueron puestos en libertad, pero deben llevar tobilleras electrónicas y cumplir una serie de restricciones judiciales.
Según el secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Cappelli, del campamento salieron las directrices para los actos violentos por parte de quienes no estaban de acuerdo con la elección del presidente Lula. Según el informe, las aglomeraciones de tiendas de campaña que pequeños grupos montaban frente a las unidades militares pronto se convirtieron en una estructura organizada, "crucial para el desarrollo de acciones de alteración del orden público".
Reparaciones
Para asegurar que los responsables sean obligados a resarcir parte de los daños resultantes de la destrucción de instalaciones públicas y del patrimonio histórico y artístico expuesto en los edificios de los Tres Poderes, la Justicia ordenó el bloqueo de R$ 18,5 millones en bienes de personas y empresas investigadas por presuntamente haber ayudado a financiar los atentados.
La Abogacía General de la Unión (AGU) solicitó a la Justicia aumentar la cifra a R$ 20,7 millones debido a que la Cámara de Diputados ha rehecho sus cuentas y ha subido la estimación del perjuicio causado. Hasta el martes, estaba a la espera de una decisión judicial al respecto. Esta es una de las cuatro demandas que la AGU ha presentado contra personas sospechosas de financiar o participar en la depredación. En total, ha demandado a 176 personas y al menos a siete empresas que habrían fletado parte de los autobuses que llegaron a Brasilia antes del atentado.
