Líderes indígenas temen represalias de mineros
Situado en el curso superior del río Tapajós, en el norteño estado de Pará, el territorio Munduruku abarca 2.382 mil hectáreas y es una de las tres áreas indígenas con el 95% de toda la minería ilegal en Brasil, junto con las regiones Yanomami y Kayapó. Las actividades se han intensificado en la región desde 2016.
A día de hoy, un total de 18 líderes munduruku están amenazados de muerte, según indica un sondeo realizado por los propios indígenas. Entre los líderes obligados a abandonar sus hogares por la presión de los criminales se encuentra Maria Leusa Munduruku, coordinadora de la Asociación de Mujeres Munduruku Wakoborũn. Ella dice que tomó la decisión de esconderse por primera vez durante la gestión del expresidente Bolsonaro.
Desde 2018 se enfrenta a amenazas. En dos ocasiones, tuvo que dejarlo todo atrás. En la primera, huyó con su marido y sus hijos. La última vez, le acompañaron 35 familiares.
En mayo de 2021, los invasores incendiaron su casa.
El reciente desmantelamiento de planes mineros en tierras yanomami de Roraima aumenta el temor de los munduruku a que el problema se agrave aún más. Los líderes indígenas han señalado que las represalias han sido frecuentes tras la retirada de los mineros.
La semana pasada, dirigentes yanomamis de la Amazonia denunciaron la entrada de mineros en la región de Pico da Neblina, procedentes de Roraima.
En mayo de 2021, Maria Leusa, que se convirtió en líder cuando aún estaba en la escuela secundaria, vio cómo los invasores del territorio indígena quemaban su casa en el municipio de Jacareacanga, al suroeste de Pará.
Contexto
El Instituto Socioambiental (ISA), organización medioambiental sin ánimo de lucro, afirma que, en mayo de 2021, los líderes munduruku pidieron a las organizaciones asociadas que denunciaran el incendio de la pequeña aldea de Fazenda Tapajós. Los autores fueron mineros que no tardaron en responder a la represión montada por la Policía Federal, la Fuerza Nacional, la autoridad ambiental nacional Ibama y la agencia indígena Funai.
"Saquearon la sede de las asociaciones en Jacareacanga en marzo de 2021, e incendiaron y atacaron la aldea de Maria Leusa en mayo de 2021. Los esfuerzos deben ser mejor coordinados, para que nuestros líderes y su territorio puedan ser salvaguardados. La autodemarcación y la inspección encabezan la agenda del movimiento este año", afirma la antropóloga Rosamaria Loures, que también trabaja como asesora del pueblo Munduruku.
En cuanto a la minería ilegal, a finales de noviembre de 2022, los fiscales federales solicitaron información a la Policía Federal y al Ibama sobre las medidas para combatir la actividad en el territorio Munduruku, en el suroeste de Pará. En referencia a los daños, la fiscalía utilizó la frase "un escenario dantesco". Un mes antes, había reiterado su pedido para que los tribunales federales, el gobierno federal, el Ibama y la Funai tomaran medidas de emergencia.
Según un estudio de MapBiomas, solo en el territorio de Munduruku hay 21 pistas de aterrizaje, lo que hace saltar las alarmas sobre la presencia de mineros en la zona, la mayoría de ellos (80%) a cinco kilómetros o menos de la mina más cercana.
La actuación de las fuerzas de seguridad debe ser continua, y no solo en operaciones aisladas, argumentó Loures.
Gobierno
Agência Brasil ha intentado ponerse en contacto con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública sobre las operaciones de seguridad en tierras indígenas y sigue esperando una respuesta.
