CIDH condena a Brasil por no investigar asesinato de trabajador rural
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado brasileño por no investigar adecuadamente el asesinato del trabajador rural Manoel Luis da Silva, quien fue asesinado a tiros por empleados agrícolas en mayo de 1997, en el estado de Paraíba.
El tribunal determinó que Brasil es responsable por el retraso en aclarar los hechos, por no sancionar a los culpables y por violar el derecho de la familia de la víctima a conocer la verdad.
Como institución judicial regional autónoma, la CIDH es responsable de aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), de la cual Brasil es signatario.
“En su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado la responsabilidad internacional del Estado brasileño por falta de diligencia debida y la violación de la garantía de un plazo razonable en el proceso penal iniciado por el asesinato del trabajador rural Manoel Luis da Silva”, anunció la presidenta del tribunal, la jueza Nancy Hernández López, al comunicar la decisión el martes (18).
La sentencia confirma la conclusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en noviembre de 2021 remitió el caso a la Corte, señalando que Brasil "no cumplió con su deber de investigar el asesinato de la víctima con la debida diligencia".
Como resultado de la sentencia, la Corte ordenó a Brasil implementar diversas medidas de reparación. Estas incluyen realizar un acto público donde reconozca su responsabilidad por la violación de los derechos de la familia de Silva a la verdad y a la integridad personal de la víctima, recopilar y divulgar información sobre la violencia contra los trabajadores rurales en Paraíba, y pagar una indemnización a la viuda y a los dos hijos de Silva, quienes también recibirán atención médica, psicológica y psiquiátrica si fuera necesario.
La Corte supervisará el cumplimiento de la sentencia, y al final del primer año tras el fallo, Brasil deberá presentar una evaluación de las acciones implementadas.
El asesinato
Silva fue asesinado el 19 de mayo de 1997 en São Miguel de Taipu, municipio del estado de Paraíba ubicado a unos 50 kilómetros de su capital, João Pessoa. Con 40 años, era miembro del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y participaba en la ocupación de la hacienda Amarelo, propiedad de Alcides Vieira de Azevedo. Dejó a su esposa, Edileusa Adelino de Lima, embarazada de dos meses, y a un hijo de cuatro años.
Según testigos, poco antes del asesinato, Silva y algunos compañeros dejaron la ocupación para comprar en una tienda cercana. En el camino de regreso, fueron abordados por empleados de una propiedad vecina, Engenho Itaipu, que estaba siendo expropiada con fines de reforma agraria.
De acuerdo con la investigación policial y la denuncia del Ministerio Público de Paraíba (MP-PB), los trabajadores que se aproximaron al grupo iban armados con fusiles de grueso calibre y agredieron a los sin tierra antes de disparar a Silva.
El MP-PB acusó a dos personas por la muerte de Silva: el agricultor José Caetano da Silva y el vaquero Severino Lima da Silva, de 53 años. Ambos no fueron juzgados hasta 2009, 12 años después del crimen. Aunque fue reconocido que Caetano y Lima participaron en el asesinato del trabajador rural sin tierra, el jurado los absolvió.
Compromiso
En un comunicado, el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía (MDHC) afirmó que el Estado brasileño "reafirma su plena disposición a honrar sus compromisos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos". Tratándose de un caso de violencia en el campo, el MDHC ha adoptado diversas medidas para promover la democratización del acceso a la tierra y combatir la violencia rural. Por ello, muchas de las reparaciones solicitadas por la Comisión Interamericana y los representantes de las víctimas ya están en marcha en el país.”
