Policía Federal investiga sobrefacturación en licitación del Inep
La Policía Federal (PF) lanzó hoy la Operación Concursal (7), producto de una investigación realizada en conjunto con la Contraloría General de la Unión (CGU), que también participa en los allanamientos. La acción investiga la licitación del Examen Nacional de Educación Secundaria (Enem), de 2010 a 2018.
Según CGU, una auditoría realizada en 2019 reveló irregularidades en los contratos firmados por el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (Inep) con una empresa encargada de imprimir los exámenes, incluidas las pruebas Enem.
Según el PF, de 2010 a 2018, el Inep contrató para realizar el Enem, sin observar las reglas de no requerimiento para licitación, empresa que recibió un total de R $ 728.645.383,37 de las arcas públicas en este período.
Además, agregó el PF, se investigó la vinculación de los empleados del Inep con los directores de las empresas, así como de las empresas consultoras subcontratadas por la multinacional.
Según la CGU, las investigaciones revelaron el rol de directores y empleados del instituto con consultores de las imprentas contratadas, en dirigir la contratación de empresas para imprimir las pruebas.
En 2019, la empresa se declaró en concurso de acreedores, lo que llevó al Inep a realizar una nueva subasta electrónica, resultando en la contratación de una empresa que ocupaba el tercer lugar en el evento, tras la descalificación de las dos primeras.
enriquecimiento ilícito
Según el PF, los contratos investigados totalizaron un pago a empresas de R $ 880 millones, desde 2010. De este monto, se estima que alrededor de R $ 130 millones fueron sobrevalorados para efectos de la puesta en servicio de la organización criminal, que estaría compuesta por empresarios, empleados de las empresas involucradas y servidores públicos.
La PF también dice que las investigaciones apuntan a un enriquecimiento ilícito de R $ 5 millones en servidores del Inep sospechosos de participar en el esquema criminal. Los involucrados son sospechosos de cometer los delitos de organización delictiva, corrupción activa y pasiva, delitos de derecho de licitación y blanqueo de capitales, con penas que superan los 20 años de prisión.
Texto traducido mediante inteligencia artificial.
