Tras diez años del asesinato de Stang, asentados piden más apoyo del gobierno

Al recordar lo que ha cambiado en el lugar diez años después del asesinato de Dorothy Stang, los asentados en el Proyecto de Desarrollo Sostenible Esperança evitaron palabras como tranquilidad y seguridad. La misionera estadounidense de la Congregación Notre Dame de Namur, que luchó por la reforma agraria en el oeste del estado de Pará, fue asesinada el 12 de febrero de 2005 y, desde entonces, prevalece entre los asentados el miedo a perder la tierra de la que se ganan la vida.

El temor de nuevas invasiones de madereros y la ausencia del Poder Público son algunas de las razones por las cuales los campesinos que viven en el asentamiento, cerca de la ciudad de Anapu, evitan hablar sobre el tema. Según las personas entrevistadas por la Agência Brasil, los avances en la región, después de la muerte de Stang, son innegables y van desde la expansión del lote destinado al Proyecto Esperança hasta la asignación de recursos para que los asentados puedan construir casas de albañilería e invertir en producción. Sin embargo, los trabajadores rurales se quejan de que la situación, si el Estado no la sigue de cerca, tiende a generar una nueva tensión en la región.

La lucha de Dorothy Stang para que los pequeños agricultores tuvieran acceso a la tierra contradecía los intereses de los agricultores de latifundios, que se sentían dueños de la región. Esa fue la razón por la que Stang fue asesinada con seis tiros mientras caminaba por las calles del Lote 55, que en ese momento aún no se había incorporado al Proyecto Esperança. Los agricultores Vitalmiro Bastos de Moura (de apodo Bida) y Regivaldo Pereira Galvão fueron condenados como ordenantes del crimen.

Isolete Wichinieski, coordinadora nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), organización que monitorea y contabiliza los casos de violencia consecuentes de conflictos en el campo, dice que los madereros siguen talando árboles en la región –actividad prohibida, ya que el Proyecto de Desarrollo tiene autorización para deforestar solo el 20% del lote para la siembra de cualquier cultura sostenible–.

Wichinieski confirma que, por haber dado continuidad a la obra de Stang, las misioneras de su congregación, que todavía viven en Anapu, y el sacerdote que le acompañaba recibieron amenazas después del asesinato. Ella recuerda que Stang estaba en la lista de amenazados en 2004, pero no aceptó recibir protección policial. “Incluso con la protección de la policía, no hay ninguna garantía de que la persona no sufra un asesinato. Lo que realmente resolvería el problema es poner fin al conflicto. Si las amenazas hubieran sido investigadas y las personas que las estaban haciendo hubieran sido arrestadas, hoy la Hermana Dorothy estaría entre nosotros”, dice.

Érika Borges, presidenta sustituta del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), reconoce que todavía hay focos de conflicto, pero cree que estas cuestiones están recibiendo más apoyo del organismo, que, en la última década, ha extendido el trabajo de ayuda técnica e infraestructura de los asentamientos. “En el último período, hemos tratado de dar fluidez a las políticas públicas y hacer que el Estado esté más presente. Así que evaluamos el proceso como muy positivo”.

Según el Incra, después de la muerte de la misionera, no hubo más asesinatos vinculados a conflictos de tierras en la región cercana al Proyecto Esperança, y disminuyó el número de ocupaciones indiscriminadas y comercialización ilegal de tierras.

Las misioneras Katie Webster y Jane Dwyer, hermanas de la Congregación de Notre Dame, que vivieron con Dorothy Stang, creen que la posibilidad de que se reduzca el número de empleados que trabajan en el puesto avanzado del Incra en Anapu puede hacer que la tensión vuelva a crecer. "[Los servidores] solo van a acompañar la asistencia técnica, y eso no sirve”, se queja Dwyer.

Los trabajadores rurales también dicen que la falta de presencia del Estado puede traer consecuencias. “Nos sentimos amenazados en esta situación. Con la ausencia del Incra en la ciudad, puede haber nuevas presiones de los madereros, de los agricultores que se encuentran en aquellas tierras”, afirma Fábio Lourenço de Souza, presidente de la Asociación Agroecológica de los Trabajadores Rurales de la Comunidad Santo Antônio del Proyecto Esperança.

De los cinco servidores que trabajan en el puesto avanzado del Incra en Anapu, instalado como consecuencia del asesinato de Stang, al menos dos no volverán a la ciudad este año. Danilo Farias, jefe de la unidad avanzada especial en la ciudad de Altamira, cree que Anapu no logra atraer a servidores para que se queden definitivamente en la ciudad. “Para quien viene de fuera, vivir en Anapu es algo difícil. La falta de gente no es culpa del Incra, sino de que la ciudad no tiene estructura alguna para recibir a quienes vienen de fuera.”

Otra incertidumbre reportada por los trabajadores es la ausencia de los títulos de Concesión de Derecho Real de Uso (CDRU). El documento se puede emitir de forma individual o colectiva, ya que, en este modelo de Proyecto de Desarrollo Sostenible, la propiedad de la tierra es de la Unión y lo que se da al asentado es tan solo el derecho a la explotación. Aunque el área designada al proyecto ha sido formalmente ampliada de 17 mil hectáreas en 2004 a 26 mil hectáreas en 2013, los trabajadores siguen temiendo conflictos debido a la incertidumbre. “Hoy ocupamos la parcela, pero no hay ningún documento [...]. No tenemos ningún contrato, no tenemos ningún documento que respalde nuestra presencia acá”, dijo Souza.

Daniel Farias aclara que, para expedir los documentos, se necesita regular la ley que se ocupa de los préstamos concedidos a los asentados de la reforma agraria, creada el año pasado. “Estamos esperando un decreto de la presidencia de la República [que regule la ley]. Si sale el decreto hasta el final del primer trimestre de este año, seguramente todos tendrán la CDRU”, prometió.

Nilmário Miranda, quien en 2005 era ministro de la Secretaria Especial de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, considera que el Estado, que no solía llegar a regiones distantes como Anapu, está más presente en la actualidad. Esto, sin embargo, acaba por generar más conflicto. “Al acelerar la reforma agraria, la violencia aumenta”, dice. “En el largo plazo, es un factor de cohesión social, de armonía. Da el derecho de acceso a la tierra a todos, todos los que quieran trabajar en ella, pero en el corto plazo. Las personas que compran la tierra, a menudo ilegalmente, piensan que tienen derechos absolutos sobre ella.”

Miranda explica aún que, frecuentemente, este proceso se interrumpe debido a la interpretación de la Justicia, que en algunas circunstancias no tiene en cuenta la función social de la propiedad. “Aunque sea un principio constitucional fundamental, [algunos jueces] dan valor absoluto a la propiedad. Así que siempre dan la razón a quien se dice propietario. Esta es una fuente de conflictos y de ausencia de la Justicia.”

Felicio Pontes, Fiscal Federal en Pará, considera que el poder público está poco presente en la Amazonía. Él afirma que el Estado no tiene aparato suficiente para cuidar la llegada de migrantes. “Pará es una región fronteriza. Aquí es donde termina la carretera. La gente viene de todas partes de Brasil. Los primeros que se asienten [en una región] entrarán en confrontación con los agricultores, con los madereros que generalmente son la élite en esta región. Y cuando llegue el Poder Público, el conflicto ya habrá empezado y a menudo muertes ya habrán ocurrido.”

Traducción: Leonardo Vieira