Mayoría de procesos contra autoridades en cortes superiores es por corrupción

Según reveló el Ministerio Público Federal (MPF), casos por corrupción representan un 70% de los procesos contra autoridades que se tramitan en el Supremo Tribunal Federal (STF) y en el Superior Tribunal de Justicia (STJ). La información se dio a conocer esta semana durante un evento por el Día Internacional de Combate a la Corrupción, celebrado el 9 de diciembre.

Aún de acuerdo con el MPF, se tramitan en el STF 95 acciones penales y 439 indagaciones que involucran a autoridades con fuero privilegiado, como presidente y vicepresidente de la República, diputados federales, senadores y ministros de Estado. En el STJ, que juzga casos de delitos comunes cometidos por gobernadores, jueces, miembros del Ministerio Público y consejeros de los Tribunales de Cuentas, se tramitan 72 acciones penales y 101 indagaciones.

En 2017, el Ministerio Público realizó en asociación con otros órganos por lo menos 40 operaciones de combate a la corrupción en todo el país.

La procuradora general Raquel Dodge señaló que en los últimos años el MPF ha enfrentado con firmeza la corrupción. “Aún queda un largo camino por recorrer […]. Antes, el riesgo de ser corrupto era casi cero. Hay que aumentar ese riesgo con sanciones para disuadir a los infractores”, dijo.

Acuerdos

En 2017, el MPF ya firmó 18 acuerdos de lenidad con empresas investigadas en casos de corrupción por US$ 7,38 mil millones. El instrumento fue creado en 2013 para responsabilizar a empresas que cometen actos contra la administración pública. El objetivo de ese tipo de acuerdo es identificar otras personas implicadas en la infracción y devolver los montos desviados a las arcas públicas.

Para el MPF, los acuerdos de lenidad, junto con los acuerdos de delación compensada, también de 2013, han sido fundamentales para la represión de actos ilícitos, al romper el pacto de silencio entre los implicados. Mediante la delación compensada, el implicado se compromete a colaborar de forma voluntaria con la investigación a cambio de la reducción de su pena. Solo en el marco de los procesos relativos a la Operación Autolavado que cursan en el Supremo Tribunal Federal (STF), se validaron cerca de 200 acuerdos, además de otros 93 firmados en primer instancia.

“Hay que parar la corrupción. Tenemos instrumentos nuevos que seguiremos usando: la delación compensada, los acuerdos de lenidad, las fuerzas operativas, la ejecución de la pena tras la condena en segunda instancia y la ley de ficha limpia”, dijo Dodge.

“Si los índices de corrupción siguen tan elevados y si perdemos los instrumentos jurídicos que nos permiten combatirla, Brasil recibirá el duro golpe de perder un futuro promisorio y verse obligado a vivir un presente marcado por la deshonestidad y la desconfianza”, declaró.

Elecciones 2018

Los fiscales que acudieron al evento en la sede de la Procuraduría General de la República, en Brasilia, también crearon un comité permanente y firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de prevenir y reprimir la corrupción electoral en 2018, cuando serán elegidos el presidente de la República, gobernadores, senadores y diputados. Los miembros de los ministerios públicos Electoral y de Cuentas se comprometieron a perfeccionar las labores de fiscalización durante las elecciones y tomar medidas estratégicas para impedir la comisión de delitos electorales.

Para Ney Ribas, presidente del Observatorio Social de Brasil, es necesario concienciar al ciudadano de que la prevención a la corrupción es una responsabilidad de todos. “La corrupción comienza en casa, en nuestras actitudes, en nuestros pequeños delitos. No debemos olvidar que seremos figuras de referencia para nuestros hijos y nietos”, dijo. “O seguimos por el camino de la grandeza o vamos a cosechar los frutos de la mediocridad”.

La abogada general del Estado Grace Mendonça, quien también asistió al evento, propuso unir esfuerzos para erradicar la corrupción de la vida de todos. Y una de las formas para lograr ese objetivo, para cambiar la postura respecto a la cosa pública, es la educación. “No conseguiremos eliminar la corrupción de las relaciones sin una política seria que considere la educación”, dijo.

Traducción: Lucas Magdiel