Brasil promulga el Convenio sobre Delitos Cibernéticos
El gobierno federal promulgó el pasado miércoles (12) el Convenio sobre Delitos Cibernéticos, firmado en Budapest, Hungría. El objetivo es promover la cooperación internacional en el intercambio de información sobre crímenes cibernéticos y delitos penales que requieren la obtención de pruebas electrónicas y digitales almacenadas en otros países.
El texto destaca que el convenio es necesario para prevenir "acciones llevadas a cabo contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas, redes y datos informáticos, así como para prevenir el abuso de dichos sistemas, redes y datos", determinando la penalización de tales conductas.
Entre los delitos tipificados como ciberdelitos figuran, por ejemplo, la producción, distribución y adquisición de pornografía infantil para distribución a través de un sistema informático; y la violación de los derechos de autor, tal como se definen en la legislación local. Las sanciones se aplican a personas naturales y jurídicas.
La convención también define como ciberdelitos las acciones con intención fraudulenta que promuevan la "inserción, alteración, borrado o supresión maliciosa y no autorizada de datos informáticos, dando lugar a datos no auténticos, con el fin de que parezcan legales, o tengan ese efecto, como si fueran auténticos, independientemente de que los datos sean directamente legibles e inteligibles".
A partir de la promulgación, el Estado brasileño deberá adoptar las medidas legislativas y demás providencias necesarias para tipificar como crimen, en su legislación interna, "el acceso malicioso y no autorizado a la totalidad de un sistema informático o parte del mismo mediante violación de las medidas de seguridad; con el propósito de obtener datos informáticos o con otro objetivo fraudulento; o contra un sistema informático que esté conectado a otro sistema informático".
Los proveedores de servicios de Internet también estarán obligados a entregar la información de registro que tengan respecto a los suscriptores. El texto también prevé la posibilidad de extraditar a las personas que cometan ciberdelitos.
