Un tercio de los reclusos denuncia violencia en el momento del arresto, dice Defensoria
Aproximadamente un tercio de los reclusos denuncia algún tipo de violencia en el momento de la detención, perpetrada por funcionarios públicos, incluida la policía militar, la policía civil y los guardias penitenciarios. Los datos son parte del informe elaborado por la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro, difundido este jueves (9), para el período de agosto a diciembre de 2020. Los testimonios fueron recolectados durante las audiencias de custodia, cuando los presos son escuchados por un juez y un defensor.
"Desde agosto de 2020 - cuando se reanudaron las audiencias de custodia, luego de la suspensión por la pandemia - hasta diciembre del mismo año, 475 personas detenidas en flagrancia denunciaron haber sufrido agresiones, principalmente físicas, en su mayoría provocadas por policías militares y en el lugar de hecho. El número representa el 31% de los 1.920 hombres y mujeres entrevistados por la Defensoría Pública de Río en el período ”, dice el informe.
Según la defensora, el dato contrasta con la ausencia casi absoluta de denuncias de malos tratos entre marzo y agosto del mismo año, meses en los que se suspendió la presentación de presos en flagrante, debido a la pandemia. Según datos difundidos por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), en ese período, la tasa de abuso registrada fue de alrededor del 1%, ya que se basó únicamente en información redactada en los registros de las detenciones en flagrante delito.
“Con la reanudación de las audiencias de custodia, queda claro que el volumen de denuncias de malos tratos y torturas se mantuvo al mismo nivel que ya habíamos identificado en encuestas anteriores, alrededor del 30% o un poco más. Así, es posible concluir que, durante el período en el que se suspendieron las audiencias, hubo una notoria subnotificación. Esto muestra la importancia de las audiencias de custodia, en persona, para investigar la ocurrencia de tortura. Sin ellos, no es posible saber si la tortura se produjo o no ”, declaró la coordinadora del Núcleo de Audiencias de Custodia (Nudac) de la Defensora Pública de Río de Janeiro, Mariana Castro.
De los 1.920 detenidos escuchados en las audiencias de custodia, 475 afirmaron haber sufrido algún tipo de agresión. De estos, 282 fueron denuncias de violencia física; 45, físico y psicológico, y 27, psicológico. En cuanto a los agresores, los presos dijeron que 225 de ellos eran policías militares, 26 funcionarios penitenciarios y 19 policías civiles, entre otros.
En cuanto al lugar donde ocurrieron los ataques, 259 manifestaron que tuvieron lugar en el lugar de los hechos; 26 en una comisaría; cinco casos, en el recinto penitenciario; 17 casos, dentro de un vehículo de la Policía Militar; y 15 casos, en un vehículo de la Policía Civil, entre otros lugares.
Se puede acceder al informe completo en el sitio web de la Oficina del Defensor Público.
Respuestas
El Tribunal de Justicia (TJ), la Secretaría de la Policía Civil, la Secretaría de la Policía Militar y la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria (SEAP) fueron contactados para comentar el informe.
El TJ respondió que no tiene conocimiento de estas cifras, no ha recibido ni se ha comunicado oficialmente sobre el citado informe, la forma en que se elaboró ni en qué período se basó. El tribunal señaló que uno de los principales objetivos de las audiencias de custodia es investigar cualquier posible práctica de violencia, tortura o malos tratos en la prisión o inmediatamente después de la detención.
“En las audiencias celebradas en la Central de Custodia del Benfica, alrededor del 30% de los detenidos (presos) denuncian la práctica de torturas o malos tratos en prisión y, siempre que exista un informe al respecto, el juez presidente determina: 1) que, al término de la audiencia, se realice un informe complementario sobre el examen del cuerpo delictivo a ser elaborado en comparación con las declaraciones del custodio, con el fin de posibilitar cualquier investigación por parte de los Órganos. organismos competentes; 2) la emisión de oficios a los órganos competentes (Ministerio de Asuntos Públicos e Interior) para investigar la práctica de la violencia denunciada ”, resaltó el TJ.
Seap declaró que aún no ha recibido el informe y está a la espera de recibirlo para conocer su contenido. “También enfatizamos que ya se están tomando medidas para evitar este tipo de situaciones y que, en caso de que exista algún reporte de agresión, el departamento de asuntos internos verificará su veracidad o no”, agregó.
También se contactó a las secretarías de Policía Civil y Policía Militar, pero no comentaron sobre el informe de la Defensoría Pública.
Texto traducido mediante inteligencia artificial.
