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Justicia

Juzgan a primeros acusados por actos golpistas del 8 de enero

Cada uno de los cuatro acusados será juzgado de forma individual
André Richter - Reportero de Agência Brasil
Publicado en 13/09/2023 - 09:40
Brasilia
Manifestantes invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) comienza hoy (13) el juicio de los primeros acusados de participar en los actos golpistas del 8 de enero.

Nueve meses después de los actos de vandalismo contra los edificios sede de los tres poderes, el tribunal inicia el juicio de los acusados Aécio Lúcio Costa Pereira, Thiago de Assis Mathar, Moacir José dos Santos y Matheus Lima de Carvalho Lázaro.

Fueron arrestados el día de los ataques y enfrentan cargos de intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, asociación delictiva armada y daño a la propiedad pública con el uso de sustancias inflamables. En total, las penas podrían sumar hasta 30 años de prisión.

Cada acusado será juzgado de manera individual. La sesión comenzará con el informe del relator de las acciones penales, el juez Alexandre de Moraes, quien presentará el resumen de cada caso. El juez revisor, Nunes Marques, también podría comentar sobre el resumen del proceso.

La máxima corte de Brasil programó una sesión extra para el jueves (14) para finalizar el análisis de los casos si no es posible completar el juicio hoy.

Desde el inicio de las investigaciones, 1,3 mil investigados se han convertido en acusados. El mes pasado, Moraes autorizó a la fiscalía a proponer acuerdos de no persecución penal para aproximadamente mil investigados que estaban acampando frente al cuartel del Ejército en Brasilia y que no participaron en los actos de vandalismo contra edificios públicos.

Mediante ese tipo de acuerdo, los acusados de delitos cometidos sin violencia o grave amenaza y con una pena mínima de cuatro años pueden confesar los delitos a cambio de medidas alternativas a la prisión, como la reparación del daño causado, la entrega de bienes obtenidos ilegalmente, el pago de multas y la realización de servicios comunitarios.