Policía Federal: narrativa golpista condujo al 8 de enero
La diseminación de narrativas golpistas durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro propició el reciente atentado con un hombre bomba en el Supremo Tribunal Federal (STF) y los actos golpistas del 8 de enero de 2023, concluyó la Policía Federal en el informe en el que acusó formalmente a Bolsonaro y a otras 36 personas por intento de golpe de Estado y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho. El sigilo fue levantado el martes (26) por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator del caso.
Según los investigadores responsables de la conclusión del informe, la difusión "de forma rápida y repetitiva" de narrativas golpistas mantuvo el deseo de grupos extremistas de llevar a cabo el golpe, que habría sido planeado por el expresidente y sus aliados, pero que no se ejecutó debido a la falta de apoyo del Ejército y de la Fuerza Aérea.
"Este método de ataques sistemáticos a los valores más preciados del Estado Democrático de Derecho creó un ambiente propicio para el surgimiento de un radicalismo que, como se expone, culminó en los actos del 8 de enero de 2023, pero que aún permanece latente en parte de la sociedad, ejemplificado por el atentado con bomba ocurrido el 13 de noviembre de 2024 en la ciudad de Brasilia", señala la Policía.
Además del atentado del día 13 de este mes y de los actos del 8 de enero, el informe menciona el intento de invasión de la sede de la Policía Federal el 12 de diciembre de 2022 y el intento de explotar un camión cisterna en el aeropuerto de Brasilia el 24 de diciembre de aquel mismo año.
Los investigadores también afirman que Jair Bolsonaro actuó de "forma directa y efectiva" en los actos ejecutados para intentar un golpe de Estado en 2022.
"Los elementos de prueba obtenidos a lo largo de la investigación demuestran de forma inequívoca que el entonces presidente de la República, Jair Messias Bolsonaro, planeó, actuó y tuvo el control de forma directa y efectiva sobre los actos ejecutados por la organización criminal que buscaba concretar un golpe de Estado y la abolición del Estado Democrático de Derecho, lo que no se consumó debido a circunstancias ajenas a su voluntad", dice el informe.
Según la Policía Federal, Bolsonaro tenía conocimiento del llamado "Puñal Verde y Amarillo", un plan elaborado por los acusados que tenía como objetivo el secuestro o asesinato del juez Alexandre de Moraes, del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del vicepresidente Geraldo Alckmin.
De acuerdo con el informe, el almirante Almir Garnier, entonces comandante de la Armada, consintió con la articulación golpista, poniendo las tropas a disposición de Bolsonaro.
"Lula no sube la rampa"
Un documento manuscrito incautado por la Policía Federal en la sede del Partido Liberal propone acciones para interrumpir el proceso de transición de gobierno, incluida la "movilización de juristas y formadores de opinión".
El documento finaliza con la frase “Lula no sube la rampa”, una clara alusión al impedimento de que el ganador de las elecciones de 2022 entrara al Palacio de Planalto, sede de Poder Ejecutivo, es decir, asumiera el cargo de presidente.
Incautado en el escritorio del asesor del general Walter Braga Netto, coronel Peregrino, el material bosqueja acciones planeadas para la denominada “Operación 142”. El nombre del documento hace referencia al artículo 142 de la Constitución Federal, que trata de las Fuerzas Armadas y que, según la Policía Federal, era visto por los investigados como una posibilidad de implementar una ruptura institucional tras la derrota electoral de Bolsonaro.
Procuraduría General de la República
Tras el levantamiento del sigilo, el informe sobre el intento de golpe fue enviado a la Procuraduría General de la República. Corresponde al procurador general, Paulo Gonet, decidir si el expresidente y los demás acusados serán denunciados ante el Supremo por los delitos que les imputan los investigadores de la Policía Federal.
