Próximo presidente tendrá que combatir la especulación inmobiliaria

Las expropiaciones de viviendas para dar paso a obras de movilidad urbana y las ocupaciones frecuentes de inmuebles vacíos en los principales centros ponen en primer plano el problema del acceso a una vivienda adecuada. Las manifestaciones de 2013 llevaron el tema al debate, que ahora llega a las campañas electorales. El próximo mandatario del país se enfrentará a una escasez de 5 millones de viviendas, según los cálculos del Ministerio de las Ciudades. Sin embargo, los expertos en urbanismo, entrevistados por la Agência Brasil, dicen que este déficit no se resolverá solo con la construcción de casas, sino también con el combate a la especulación del mercado inmobiliario.

En la opinión de Guilherme Boulous, miembro de la coordinación nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), la falta de vivienda aumenta a la medida que suben los precios de alquiler. Boulous cree que la construcción de viviendas por los gobiernos, en el ritmo actual, es insuficiente para atender a todas las familias que necesitan un nuevo hogar, y tiene poca influencia en la disminución del valor de los alquileres.

“Es un polvorín que una hora iba a explotar. La valorización inmobiliaria en São Paulo, en los últimos cinco años, fue superior al 130% y, en Río de Janeiro, al 200%.” Boulous dice que se trata de una valorización inmobiliaria sin regulación del mercado, tampoco sin asistencia social para aquellos que tienen que pagar el alquiler para seguir teniendo donde vivir.

Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el país cuenta con 6,1 millones de viviendas vacías. El MTST aboga por una política nacional de expropiación y reforma de estos inmuebles, para que cumplan una función social y no sirvan solo a la especulación de precios. El Movimiento también propone una ley que limite los aumentos en el alquiler. “Las familias no pueden más pagar. El alquiler se convirtió en un molestia”, destacó Boulous.

Alquiler social y vivienda popular

La profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de São Paulo, Paula Santoro, señala que las actuales políticas, que favorecen la construcción de viviendas populares y el aumento del límite de financiación para la clase media, se basan en las reglas del mercado y favorecen solo los que se benefician del alto precio de los inmuebles. Con más crédito disponible, el mercado tiende a elevar los precios, y debido a que las familias de las clases más bajas ya no consiguen asumir la financiación, las casas construidas para ellas terminan siendo vendidas a los que tienen un poco más de ingresos.

“Si la política del gobierno federal fuera de alquiler social, por ejemplo, y hubiera una asociación entre los gobiernos departamentales y el federal, sería posible financiar este alquiler social”, dijo. En este caso, explica la profesora, no habría necesidad de financiación de los inmuebles, que el gobierno alquilaría a bajo costo a las familias. “Así que si el gobierno cobrara R$ 400 de las familias de bajos ingresos, el mercado, que hoy día alquila un inmueble semejante a R$ 800, tendría que bajar sus precios.”

Políticas de alquiler social están contenidas en el Estatuto de las Ciudades, la ley que definió las reglas de Planificación Urbana, previstas en la Constitución Federal, y podrían beneficiar a las familias con dificultades financieras debidas al desempleo, a problemas de salud, etc., además de atender a personas que viven en las calles, explica Santoro.

Otro mecanismo previsto por el Estatuto y mencionado por los expertos entrevistados por la Agência Brasil es asignar unidades para vivienda popular en nuevas propiedades residenciales, independientemente del barrio en que se encuentren. Esta modalidad ha sido adoptada ya en grandes ciudades como Londres y Bruselas, donde se requiere que todos los edificios reserven un determinado número de pisos para vivienda popular.

Según el profesor del Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Orlando Alves dos Santos Jr., la medida es una manera de romper con el “apartheid” entre los barrios y promover “ciudades mixtas”, sacando a los pobres de los barrios sin infraestructura. Santos Jr. señala que hoy en día “el mayor acceso a los ingresos permite a las familias comprar bienes de consumo como frigoríficos, ordenadores y coches, pero no garantiza el acceso automático a bienes colectivos fundamentales como la movilidad, el saneamiento y la vivienda”.

El profesor dice que, para el desarrollo del país, es necesario pensar acerca de la organización de las ciudades. “No se puede reducir la vivienda a una cuestión cuantitativa. Y esto no se hace sin enfrentarse al mercado inmobiliario.”

Las asociaciones entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil también pueden garantizar el derecho a la vivienda, según considera el Movimiento Nacional de Lucha por la Vivienda (MNLM por sus siglas en portugués). En Río de Janeiro, los residentes del edificio llamado Ocupación Manuel Congo, donde están viviendo alrededor de 50 familias, irán reformarlo con fondos del programa “Minha Casa, Minha Vida”, del gobierno federal. Situado en la zona central de la ciudad, el edificio estaba vacío y fue expropiado para recibir a los nuevos residentes, que corren con los gastos de su mantenimiento.

“Hemos creado un fondo al que contribuyen todos y, al final del mes, pagamos parte de las cuentas”, explicó la coordinadora del MNLM, Elisete Napoleão, quien vive en el lugar.

Traducción: Leonardo Vieira