Los hechos que marcaron los dos años del gobierno Temer

El presidente Michel Temer divulgó el martes (15) un balance sobre los dos años de su gobierno. En 12 de mayo de 2016, el entonces vicepresidente asumió el puesto político más importante del país tras la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff.

Además de la reducción de los intereses y de la baja en la inflación –adoptadas como medidas prioritarias por la gestión de Temer–, el gobierno logró que el Senado aprobara, en diciembre de 2016, un límite al gasto público.

La ley estipula que el gobierno, el Congreso y órganos del Ministerio Público y de la Judicatura no deben gastar en un año más del monto gastado el año anterior, corregido por la inflación (sin incluir el pago de los intereses de la deuda pública).

A principios de este mes, en una entrevista con la Empresa Brasil de Comunicación (EBC), el presidente se refirió a la medida como parte de los esfuerzos para equilibrar las cuentas públicas.

“Esa es una fórmula trivial. El gasto no puede superar los ingresos. Es como en una familia. Uno no puede gastar más de lo que gana. Por mucho tiempo, nadie se atrevió a hacerlo. Nosotros lo hicimos de una manera altamente responsable”, dijo Temer.

Impactos

Zeina Latiff, economista jefe de XP Investimentos, cree que la enmienda constitucional fortaleció el compromiso con el ajuste fiscal, necesario en el momento de crisis que atraviesa el país. “Obliga a los políticos a discutir políticas públicas y garantizar ese compromiso con el ajuste fiscal. Cuando el país se enfrenta a problemas fiscales y no hay perspectivas para un ajuste, un límite de gastos ayuda a mantener las cosas bajo control”.

Eblin Farage, jefe de la Unión Nacional de Profesores de Educación Superior (Andes-SN), considera que el cambio tuvo un impacto negativo en el presupuesto de varias políticas públicas, como las dirigidas a la educación. “La enmienda ignora todas las necesidades especiales en la educación. Al establecer un techo, impone recortes. De un año a otro, todo aumenta, incluidos los gastos necesarios para que una universidad permanezca en funcionamiento”, apuntaló.

En los próximos meses, el gobierno se enfrentará al desafío de aumentar el número de trabajadores formalmente registrados. Datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) muestran que Brasil tenía 13,1 millones de personas sin empleo en el primer trimestre de este año.

Reforma laboral

Aprobada en julio de 2017, la reforma laboral, también considerada clave por el gobierno, incorporó más de un centenar de cambios a la legislación brasileña del trabajo.

Los cambios determinan la prevalencia de convenciones y convenios colectivos sobre la ley en una serie de aspectos, flexibilizan la jornada laboral y el régimen de trabajo y modifican los procesos judiciales. La reforma dividió opiniones y colocó en lados opuestos a empleadores y trabajadores.

En la opinión del vicepresidente de la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp), José Ricardo Roriz, la reforma fue un avance. “Fue positiva no solo para la modernización de las leyes brasileñas, sino también porque elimina el papel intermedio del estado en las negociaciones entre el empleador y el trabajador. Toda la industria lo ve de manera muy positiva”, afirmó.

Para las organizaciones sindicales, a su vez, la reforma es un retroceso. “El principal argumento para respaldar la reforma fue que sería importante recortar las cargas sociales y aumentar el empleo. Aumentó el desempleo en el país, mientras que la mayoría de los puestos creados son trabajos intermitentes [trabajo a demanda pagado por hora]”, dijo Graça Costa, secretaria de relaciones laborales de la Central Única de los Trabajadores (CUT).

Investigación

Durante esos dos años, la Procuraduría General de la República presentó dos denuncias contra Temer por su presunta implicación en el desvío de fondos de la petrolera estatal Petrobras y obstrucción a la justicia. Sin embargo, la cámara baja no autorizó que la Corte Suprema diera inicio a una investigación.

La Policía Federal está investigando si la empresa Rodrimar fue beneficiada de forma irregular mediante el llamado Decreto de los Puertos, firmado por el presidente, quien asegura que las sospechas son infundadas.

En abril, Temer rechazó las denuncias. En su entrevista a EBC, criticó las acusaciones y descartó la posibilidad de una tercera investigación. “Las dos denuncias [presentadas en 2017] eran ridículas. Tan ridículas que el Congreso Nacional no tuvo ninguna duda en impedir que se llevaran adelante. Esa supuesta tercera denuncia es una campaña opositora”.