Racismo y violencia contra niños y adolescentes: desafíos de Brasil
Publicado hace 30 años, el Estatuto Brasileño del Niño y del Adolescente (ECA, por sus siglas en portugués) trajo avances en el tratamiento de los derechos esenciales de esta parcela de la población en diversas áreas, como salud, educación y la lucha contra el trabajo infantil. Sin embargo, la situación en el país dista mucho de ser ideal en algunos aspectos como el racismo, la violencia doméstica y el abuso sexual. Según el coordinador del Programa de Ciudadanía de los Adolescentes en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Mario Volpi, el mayor desafío para asegurar estos derechos en Brasil es la desigualdad, y, entre las diversas formas en que se presenta en el país, destaca el racismo.
“Este elemento del racismo, de la desigualdad racial, es un elemento que el país aún no ha superado. Y una de las razones es porque Brasil es un país que ha sido lento en admitir que existe la discriminación racial. Tuvimos una ideología de una pseudo-democracia racial, cuando todos los contenidos escolares y referencias a las políticas públicas son blancas.”
Unicef presenta varios datos que apoyan esta evaluación: el 64,1% de los niños y adolescentes en trabajo infantil en 2016 eran negros, así como el 82,9% de las víctimas de homicidio entre 10 y 19 años y el 75% de las niñas que quedan embarazadas entre 10 y 14 años. “Un niño negro tiene tres veces más probabilidades de abandonar la escuela que un niño no negro”, añade Volpi.
A diferencia de la mayoría de los indicadores, la tasa de homicidios de adolescentes ha experimentado una subida preocupante en los 30 años del ECA. El número de adolescentes asesinados se duplicó con creces en el país entre 1990 y 2017, año en que se asesinó diariamente a 32 brasileños de entre 10 y 19 años de edad. Entre 1996 y 2017, el número de víctimas llegó a 191 mil, según estimaciones de Unicef.
Vulnerabilidad
La Secretaría Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente considera que la letalidad infantil y juvenil es uno de los problemas más urgentes. El secretario nacional, Maurício Cunha, dice que se está discutiendo la situación entre el gobierno y UNICEF, y que uno de los frentes de acción será la reducción de la deserción escolar. “Se ha demostrado que la reducción de la deserción escolar disminuye la letalidad juvenil”, dijo el secretario, que señala como una de las estrategias las actividades de búsqueda activa por adolescentes fuera de la escuela.
Cunha subraya que las desigualdades son un elemento que debe observarse más allá de los indicadores generales, pero advierte que hay problemas que afectan a todas las clases sociales, como la violencia doméstica, el abuso sexual dentro y fuera de Internet y el ciberacoso.
“Independientemente de la clase social, ser un niño en el Brasil es estar en una situación de vulnerabilidad. Hay una serie de violaciones que no tienen que ver con la clase social, aunque son mucho mayores en la condición de pobreza”, dice Cunha, quien destaca la Internet como uno de esos desafíos y cita la explotación sexual en el entorno virtual. “Desgraciadamente, Brasil no es sólo un consumidor de estas imágenes, sino un exportador.”
Pandemia y violencia
Este conjunto de preocupaciones se vio exacerbado por la llegada de la pandemia de COVID-19. Entre los datos más alarmantes, señala Cunha, está la disminución de los registros de violencia contra niños y adolescentes en el servicio telefónico que recibe denuncias de violaciones de derechos humanos.
“Los registros de violencia contra niños disminuyeron un 18% en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior. Como sabemos que el 90% de la violencia contra niños tiene lugar en el entorno doméstico, lo que está sucediendo es un gran subregistro. Los actores sociales que lo denuncian no lo están haciendo, porque son precisamente los profesores, los educadores y los profesionales de la salud. La situación es muy grave”, dice. Cunha cree que los niños serán las mayores víctimas indirectas de la pandemia a medio y largo plazo. “El niño está sufriendo solo en casa. El abusador está allí, y no hay nadie a quien recurrir.”
La secretaría ha realizado campañas publicitarias para fomentar la denuncia de abusos contra niños y adolescentes, y tiene previsto distribuir material para alertar a las escuelas sobre la acogida en el período pospandémico. “Que la preocupación sea más de acoger, escuchar y crear una atmósfera de confianza que de recuperar el contenido perdido”, dice Cunha.
Edad penal y encarcelamiento
Directora del Centro Internacional de Estudios e Investigaciones sobre la Infancia (Ciespi) de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, la socióloga Irene Rizzini participó en los debates que generaron el artículo 227 de la Constitución Federal y el Estatuto del Niño y del Adolescente. A pesar de los avances, ella considera que ninguna ley es capaz de corregir los problemas sociales crónicos. “No es el Estatuto lo que corregirá la desigualdad social. Pero es una ley que, con las diversas que vinieron después y con las políticas públicas creadas a partir de su referencial, ha proporcionado un cambio positivo en numerosos aspectos.”
La investigadora considera que las propuestas de reducción de la edad penal y de aumento del encarcelamiento de niños y adolescentes son amenazas a esa población. “Es extremadamente grave reducir el problema al encarcelamiento de adolescentes. Los adolescentes y los jóvenes son las principales víctimas de los homicidios en Brasil.”
Rizzini advierte que habrá retrocesos si el presupuesto público no toma a los niños y adolescentes como prioridad, y que recortes en áreas como la salud, la educación y la atención social pueden revertir los avances en indicadores como la mortalidad infantil, el analfabetismo y la desnutrición.
La socióloga también aboga por el fortalecimiento de los espacios de participación de la sociedad civil, como el Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente (Conanda), cuya composición fue reducida de 56 a 36 miembros por decreto presidencial el año pasado, un cambio que fue suspendido por la Corte Suprema. En aquel entonces, el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos explicó que la medida tenía por objeto reducir los gastos de viaje y las dietas de los concejales.
Frente a desafíos históricos, como la desigualdad, y a problemas contemporáneos, como los relacionados a la Internet, Irene Rizzini cree que las premisas del ECA aún marcan el camino a seguir. “Los niños y adolescentes son sujetos de derecho y tienen plena protección. Eso no retrocede. Esa semilla permanece.”
