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Internacional

G20 Social pide trabajo decente y soberanía alimentaria

La declaración final fue publicada este sábado
Lucas Pordeus León - Reportero de Agência Brasil
Publicado en 16/11/2024 - 16:49
Río de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2024 – O presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva durante ato de entrega do documento final da cúpula do G20 Social, no Boulevard Olímpico na zona portuária da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

El documento elaborado por las organizaciones de la sociedad civil durante el G20 Social, destinado a los líderes de las principales economías del mundo reunidos en la cumbre del G20 en Río de Janeiro, aboga por la adopción de la soberanía alimentaria como estrategia clave para erradicar el hambre y pide fortalecer el trabajo decente para combatir las desigualdades y la pobreza.

Aprobado y divulgado este sábado 16, el documento colectivo del G20 Social será presentado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva a los líderes de las principales economías del mundo.

El documento de cuatro páginas hace un llamado a los líderes del G20 para que impulsen una transición energética justa, abordando simultáneamente la exclusión social y la pobreza. Además, exige un “compromiso firme” para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger los bosques tropicales. “El establecimiento de compromisos ambiciosos es crucial para fortalecer las instituciones internacionales, combatir el hambre y la desigualdad, mitigar los impactos del cambio climático y salvaguardar nuestros ecosistemas”, destaca el documento.

Soberanía alimentaria

La declaración social del G20 enfatiza la necesidad de construir la soberanía alimentaria como una estrategia clave para combatir el hambre. "Es fundamental reconocer el derecho de los pueblos al acceso democrático a la tierra y al agua, así como su capacidad para controlar la producción y distribución de sus propios alimentos, con un enfoque en prácticas agroecológicas y la preservación del medio ambiente", señala el documento.

A diferencia del concepto de seguridad alimentaria, centrado en garantizar el acceso a los alimentos, la soberanía alimentaria se enfoca en la producción local, priorizando el mercado interno y promoviendo el control social sobre los procesos productivos. Este enfoque nació en el seno de La Vía Campesina, una organización que agrupa a movimientos rurales de todo el mundo.

Cássia Bechara, dirigente nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y participante en el G20 Social, subrayó que la soberanía alimentaria implica que "los campesinos de cada país puedan decidir qué plantar y cómo hacerlo, priorizando el abastecimiento del mercado interno y reduciendo la dependencia de insumos extranjeros y paquetes tecnológicos."

Los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que elaboraron el documento instan a los países a adherirse, "con urgencia y como máxima prioridad", a la iniciativa brasileña de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Esta propuesta contempla la creación de un fondo internacional para financiar políticas y programas destinados a erradicar el hambre.

Trabajo decente

La declaración del G20 Social también resalta la "centralidad del trabajo decente" según las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), considerándolo un pilar esencial para superar la pobreza y la desigualdad. Asimismo, hace un llamado firme a erradicar el trabajo esclavo, el trabajo infantil, el tráfico de personas y cualquier forma de explotación o precarización laboral.

“Hacemos hincapié en la necesidad de formalizar el mercado de trabajo y promover economías inclusivas y contrahegemónicas, como la economía popular y solidaria, las cooperativas, las cocinas comunitarias y el reconocimiento y valorización de la economía del cuidado”, destacan los movimientos sociales en el documento.

Abogan también por asegurar el acceso universal a empleos dignos y la implementación de sistemas sólidos de seguridad y protección social. Además, exigen la ampliación y el fortalecimiento de los derechos sindicales

Transición justa

El documento afirma que la mayoría de los países desarrollados y sus élites no asumen un compromiso real para enfrentar el cambio climático, provocado principalmente por la quema de combustibles fósiles que está acelerando el calentamiento global.

Subraya la necesidad de respetar el Acuerdo de París y resalta la importancia de las "Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)", que representan los compromisos de cada país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En este contexto, Brasil se destaca como el segundo país en presentar una actualización de su NDC, estableciendo una meta de reducción de entre el 59% y el 67% de emisiones para 2035.

"El compromiso firme de los líderes mundiales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la deforestación, así como proteger los océanos, es una exigencia ética y una condición esencial para limitar el calentamiento global a 1,5ºC, evitando daños irreversibles al planeta”, enfatiza el texto.

Sobre la transición energética, el documento insiste en que debe ser justa, reemplazando el modelo productivo basado en combustibles fósiles por una economía de bajas emisiones de carbono. Además, advierte que esta transformación debe abordar la exclusión social, la pobreza energética y el racismo medioambiental, garantizando igualdad de oportunidades para los trabajadores, las comunidades negras y otros grupos vulnerables.

En línea con este enfoque, los movimientos sociales instan a los países a proteger los bosques tropicales mediante la creación del  fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), una propuesta liderada por Brasil para financiar la conservación de estos ecosistemas vitales, esenciales para la captura de carbono de la atmósfera.

Reforma de la gobernanza mundial

El tercer gran eje de la declaración social del G20 exige una reforma profunda en la gobernanza mundial, priorizando una mayor representación de los países menos desarrollados en organismos clave como el Consejo de Seguridad de la ONU y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

La declaración propone además la implementación de impuestos a los superricos como una herramienta para financiar políticas sociales, medioambientales y culturales que beneficien a las poblaciones. Según el documento, los recursos obtenidos de estos gravámenes deberían canalizarse hacia fondos nacionales e internacionales.