El Gobierno no contratará empresas implicadas en actos golpistas
Las empresas y personas físicas que participen en actos antidemocráticos tendrán prohibido contratar con la Administración Pública Federal. Esta es la posición de la Abogacía General de la Unión (AGU) que será seguida por el gobierno federal.
En un dictamen ya aprobado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la AGU argumenta que los actos infractores son altamente reprobables según la legislación brasileña e incompatibles con los principios constitucionales.
Se ha fijado un plazo de cinco años para que la Administración Pública Federal abra procedimientos contra las empresas y personas implicadas en los actos, a partir del momento en que tengan conocimiento del hecho. Una vez finalizado el proceso de rendición de cuentas, las contrataciones podrán ser vetadas por un período de tres a seis años.
Actos golpistas
Después de los actos del pasado 8 de enero, la AGU también presentó una demanda solicitando que los financiadores del intento de golpe sean condenados a pagar R$ 100 millones por daños morales colectivos.
Según la Abogacía, la demanda implica a 54 individuos, tres empresas, una asociación y un sindicato. Estos también son demandados por daños materiales estimados en R$ 20 millones y por financiar el flete de los autobuses que transportaron a los golpistas a Brasilia.
