Las celebraciones del Día del Trabajo en Brasil ganaron este año varias manifestaciones sobre el proceso de destitución de la presidenta Dilma Roussef. En las principales ciudades, especialmente en el Nordeste, la mayoría de los manifestantes temen la pérdida de derechos conquistados durante la última década.
En el acto organizado por la Central Única de los Trabajadores, en Sao Paulo, Rousseff reiteró no haber cometido delito de responsabilidad al emitir decretos con créditos adicionales. Esa es una de las acusaciones formuladas en la denuncia que llevó al proceso de destitución. Según la presidenta, fueron emitidos, en el gobierno del ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (del partido de oposicón: PSDB), 101 decretos de ese tipo. Para ella, hay “dos pesos y dos medidas” en las acusaciones.
En el acto de Sao Paulo, Rousseff anunció el aumento del 9% para los beneficiarios del principal programa de transferencia directa de ingresos, el Bolsa Família; la contratación de al menos 25 mil viviendas populares y la ampliación de la licencia de paternidad de cinco a 20 días para los empleados federales.
Paulinho da Força, presidente de la Fuerza Sindical y diputado federal, de la oposión al gobierno de Rousseff, criticó los anuncios de la mandataria. Según él, la medida parece un intento de “sabotear el próximo gobierno”.
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