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Justicia

La Justicia exige otros R$ 10 mil millones a Vale y BHP Billiton

Se destinan a reparar daños ambientales en Espírito Santo
Léo Rodrigues – Reportero de Agência Brasil
Publicado en 06/04/2023 - 14:13
Río de Janeiro
Resplendor (MG) - Imagem aéra mostra a a lama no Rio Doce, na cidade Resplendor ( Fred Loureiro/ Secom ES)
© Fred Loureiro/Secom-ES

La Justicia Federal ordenó a las empresas mineras Vale y BHP Billiton hacer depósitos por un total de R$ 10,3 mil millones para garantizar la reparación de daños ambientales en municipios del estado de Espírito Santo. Las dos compañías son accionistas de Samarco, responsable de la presa que se rompió en Mariana, Minas Gerais, en 2015. En aquel entonces, 19 personas murieron y una avalancha de relaves fluyó por el río Doce hasta su desembocadura en el estado vecino.

Los fondos tienen que estar disponibles para financiar medidas de reparación en comunidades que las empresas mineras se resistían a reconocer como afectadas. La mayoría de ellas se encuentra en los municipios de Aracruz, Linhares, São Mateus y Serra.

La decisión fue firmada la semana pasada por el juez Michael Procopio Avelar, de la capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. El depósito deberá efectuarse en diez mensualidades iguales, la primera en un plazo de 40 días. Si las mineras no realizan el pago, se emitirá una orden judicial para bloquear el importe total de una vez.

Vale y BHP Billiton afirman que aún no han sido notificadas y que 410,8 mil personas ya habían sido indemnizadas hasta enero de este año. Las mineras añaden que han destinado R$ 28,4 mil millones a las acciones llevadas a cabo por la Fundación Renova, entidad creada para conducir el proceso de reparación según un acuerdo cerrado en 2016 entre las tres mineras, los gobiernos de Minas Gerais y Espírito Santo y el Gobierno Federal. “La Compañía se manifestará oportunamente en el proceso sobre la decisión, contra la cual se puede presentar un recurso", añade una nota al mercado divulgada por Vale.

La medida judicial respondió parcialmente a una solicitud conjunta presentada por los gobiernos y Fiscalías de los dos estados y por la Fiscalía Federal, quienes pidieron el bloqueo inmediato de todo el monto por considerar que la Fundación Renova estaba ignorando la determinación de que sus programas incluyeran a las comunidades de Espírito Santo.